Hay cosas que nacen chuecas, crecen torcidas y terminan convertidas en verdaderos adefesios jurídicos. Intentar arreglarlas después no es un acto de sensatez; es una soberana tontería. O peor aún, un ejercicio de cinismo.
Viene esto a cuento por la insostenible y manoseada pretensión de ‘reformar’ la llamada Ley contra el Odio. Nos quieren vender la idea de que, tocándole unos artículos aquí y maquillándole la redacción allá, el texto se volverá razonable, potable, casi democrático. Nos piden que creamos que un instrumento concebido para silenciar, perseguir y castigar la disidencia se puede transformar, por obra y gracia de una reforma, en una herramienta para la convivencia pacífica.
Por favor. Seamos serios.
Esa ley nunca ha debido existir. Punto. No nació para proteger a la ciudadanía de la intolerancia; nació para proteger al poder de las verdades que le incomodan. Fue redactada con la imprecisión deliberada de los regímenes autoritarios, donde términos como ‘odio’ o ‘incitación’ son tan elásticos que caben en ellos desde una protesta pacífica hasta un tuit escrito con rabia legítima, pasando por la crónica periodística que denuncia la corrupción o el chiste que desnuda al gobernante de turno.
Cualquier abogado con un mínimo de pudor profesional sabe que en el derecho penal la precisión es sagrada. Cuando una norma es intencionalmente vaga, el delito deja de ser lo que la persona hace y pasa a ser lo que el poder juzga que la persona siente. Y cuando el Estado pretende normar los sentimientos y penalizar la intención, el derecho se acaba para darle paso a la inquisición.
Reformar la Ley contra el Odio es como intentar pintar la fachada de un edificio que tiene las bases podridas. Podrá verse más limpio desde la calle, pero se va a caer igual. Peor aún: legitima la existencia de un instrumento que, desde su origen, violó los principios más elementales de la libertad de expresión, el debido proceso y la dignidad humana.
El problema de esa ley no son sus incisos ni sus comas. El problema es su alma. Su naturaleza misma es punitiva, persecutoria y arbitraria. Se diseñó para que el miedo fuera el censor de cada ciudadano, para que la gente se lo piense tres veces antes de opinar, de criticar o de protestar. ¿Cómo se reforma el miedo legalizado? No se reforma. Se deroga. Se liquida. Se borra del mapa legislativo.
Lo que Venezuela necesita no son leyes contra el odio redactadas por quienes han sembrado la división como política de Estado. Lo que hace falta es el imperio de la ley de verdad, esa que garantiza que todos seamos iguales ante la norma, que la prensa pueda informar sin bozal y que los ciudadanos puedan expresarse sin la constante amenaza de terminar en un calabozo por decir lo que piensan.
No nos engañemos ni nos dejemos engañar. Un garrote pintado de rosado sigue siendo un garrote. La Ley contra el Odio no requiere remiendos ni pañitos calientes. Lo único digno, lo único republicano y democrático que se puede hacer con ella es derogarla por completo y pedirle perdón al país por haber impuesto semejante mamarracho.
Soledadmorillobelloso@gmail.com
